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RESUMEN EJECUTIVO Y RECOMENDACIONES

Más que cualquiera de sus antecesores, el presidente Álvaro Uribe ha convertido la lucha contra los insurgentes en la prioridad esencial y en el objetivo central de su gobierno. Gracias a algunos logros modestos alcanzados en el campo de batalla, se ha comenzado a restablecer una sensación de seguridad pública. Sin embargo, la Política de Seguridad Democrática (PSD) de Uribe, que es la estrategia de largo plazo que se suponía iba a darle coherencia al proyecto de seguridad, se encuentra estancada desde hace casi un año debido a las pugnas políticas internas y a las discusiones fundamentales sobre la mejor manera de ponerle fin a este conflicto de 40 años de duración. Si no se le hacen algunas modificaciones sustanciales, es dudoso que alcance su meta.

De conformidad con la PSD, Uribe ha intentado recuperar el control del país incrementando la cantidad y capacidad de las tropas y las unidades de policía, y desplegándolas por todo el territorio para combatir a la guerrilla. Esto ha venido acompañado por un importante incremento en la erradicación de cultivos ilícitos, con el fin de disminuir la producción de coca y amapola, pero también para reducir los ingresos de los grupos guerrilleros y paramilitares. Al mismo tiempo, el gobierno ha reforzado la protección de los oleoductos y gasoductos para salvaguardar esa fuente de ingresos e impedir que les llegue financiación por ese concepto a los grupos armados al margen de la ley, que se habían acostumbrado a extorsionar bajo la amenaza de atacar dichas instalaciones.

Junto con el fortalecimiento de la estructura institucional de seguridad de Colombia, Uribe reveló otros tres mecanismos menos formales tendientes a reforzar la seguridad que han generado mucha controversia. En primer lugar, estableció una red de más de un millón de colaboradores e informantes civiles a quienes se les paga por suministrar información acerca de los insurgentes. Esto ha suscitado preocupación debido a la posibilidad de que los colaboradores utilicen su poder para zanjar rencillas personales; también se aduce que el sistema menoscaba la confianza en las comunidades. En segundo lugar, organizó unas milicias campesinas semientrenadas cuyos miembros operan en sus propias comunidades. Sin embargo, su situación de aislamiento y su entrenamiento por lo general deficiente las convierte en blanco de los ataques de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Por último, mediante un decreto ejecutivo primero y luego por medio de propuestas de leyes antiterroristas y otras, Uribe ha comenzado a otorgar al ejército diversos poderes policiales, sin aprobación ni supervisión judicial, con lo cual se han restringido las libertades civiles individuales.

Estas políticas abren la posibilidad para la ejecución de actividades arbitrarias por parte de las fuerzas de seguridad, que afectarían la credibilidad de la petición gubernamental de apoyo internacional y cooperación regional, y amenazan con ensombrecer un tanto la legitimidad de sus acciones contra los grupos armados al margen de la ley. Es peligroso transmitir el mensaje de que las fuerzas de seguridad tendrían mayor éxito si estuvieran menos restringidas por las obligaciones del Estado de respetar los derechos humanos y, como ha demostrado en repetidas ocasiones la historia, también es contraproducente.

El grueso del conflicto, incluido el mayor número de enfrentamientos como resultado de la política de seguridad más agresiva de Uribe, se ha desarrollado en las zonas rurales de Colombia. La ausencia de políticas de desarrollo regional coherentes es, quizás, la amenaza más seria que se cierne contra la potencial efectividad de la PSD. Será difícil, si no imposible, obtener triunfos duraderos contra los insurgentes, a menos que las comunidades rurales perciban beneficios claros e inmediatos en la campaña del gobierno. Como complemento necesario de los componentes militares de la PSD, es preciso que exista una política integral que busque reducir la pobreza en el campo, que invierta en programas sociales y que establezca el Estado de derecho; su ausencia dificulta aún más la tarea militar.

El sorprendente fracaso del referendo convocado por Uribe sobre temas políticos y económicos el 25 de octubre de 2003 podría forzar un cambio en la manera en que su gobierno formula sus políticas, en especial la PSD. Sin duda sería una medida sabia, en este contexto, lanzar una iniciativa de desarrollo rural que les ayude a los cultivadores de coca, que disminuya el flujo de refugiados y de la población desplazada internamente (PDI), y que suministre una razón para que la población rural acepte con mayor entusiasmo la PSD.

El gobierno también debe mantener la presión sobre los paramilitares, en especial sobre los que no participan en las actuales conversaciones, y cerciorarse de que cualquier arreglo al que se llegue con los paramilitares no permita que quienes hayan cometido crímenes atroces contra los derechos humanos se libren de ir a la cárcel. Finalmente, tiene que dejar en claro que, si bien su meta es derrotar a los insurgentes, la PSD no cierra las puertas a la posibilidad de soluciones negociadas. De hecho, el objetivo realista de una PSD modificada debe ser convencer a los grupos insurgentes, así como a todos los paramilitares, a entablar negociaciones serias.

RECOMENDACIONES

Al gobierno de Colombia:

1. Enmendar la Política de Seguridad Democrática (PSD) de manera que incorpore tanto una estrategia para reforzar el poder judicial y el Estado de derecho como una iniciativa de desarrollo de alta prioridad que incluya un programa sostenible de reforma agraria con el fin de reducir la pobreza rural.

2. Revisar la legislación en trámite para:

(a) Poner fin a la impunidad en el proceso de desmovilización de los paramilitares mediante la incorporación de disposiciones de sentencias a prisión en el proyecto de ley de “cuasi perdón” o “amnistía velada” (alternatividad penal), sobre todo para quienes han ordenado o cometido crímenes de lesa humanidad;

(b) Retirar las propuestas legislativas para restringir la competencia de la Corte Constitucional y el derecho de los ciudadanos a recibir protección legal si sus derechos fundamentales están siendo amenazados; y

(c) Hacer coincidir la legislación antiterrorista propuesta con las obligaciones contraídas por Colombia de conformidad con el derecho internacional.

3. Introducir el control civil y la supervisión del Congreso en el programa de informantes y establecer el Consejo Nacional de Defensa para garantizar una cooperación efectiva entre civiles y militares en el contexto de la política de seguridad.

4. Instruir a las unidades encargadas de la ejecución de la ley y a los comandantes de las fuerzas armadas para que lleven ante la justicia, como asunto de máxima prioridad, a los paramilitares que no se acojan al cese al fuego y que sigan participando en secuestros y narcotráfico.

5. Seguir mejorando la capacidad y el profesionalismo de las fuerzas armadas y realizar operaciones militares tendientes a impedir que las fuerzas al margen de la ley controlen territorios y se refugien en ellos.

6. Fortalecer los derechos fundamentales poniendo fin a las detenciones arbitrarias y los arrestos en casas con base en evidencias “suministradas por informantes”.

7. Ampliar la cooperación en materia de seguridad con los países vecinos de Colombia.

8. Poner énfasis en la voluntad del presidente de negociar acuerdos de paz si los insurgentes y los paramilitares cumplen con las condiciones del cese al fuego y ponen fin a los secuestos y las violaciones del derecho humanitario.

A los países vecinos de Colombia:

9. Proveer la asistencia humanitaria y legal necesaria, así como protección al número creciente de refugiados colombianos.

10. Compartir información militar y de inteligencia con los militares colombianos, para impedir el tránsito de fuerzas al margen de la ley, armas y drogas por las fronteras compartidas.

A los Estados Unidos y otros donantes:

11. Insistir en que cualquier asistencia que se preste para cuestiones de seguridad tenga como condición el respeto por los derechos humanos, la adopción de medidas para poner fin a la impunidad y la renuncia a cualquier vínculo existente entre las fuerzas de seguridad y los paramilitares.

12. Insistir en que la desmovilización de los paramilitares y los insurgentes se realice de conformidad con las normas del derecho internacional humanitario, cerciorándose de que quienes hayan cometido crímenes de lesa humanidad no se libren de la cárcel ni se les permita conservar las tierras u otros bienes obtenidos mediante asesinatos, intimidación u otras acciones ilegales.

13. Suministrar ayuda técnica, financiera y de comunicaciones al gobierno de Colombia y a la sociedad civil, para el diseño, la financiación y la implementación de una estrategia integral de desarrollo rural tendiente a reducir la pobreza en el campo –que debe ser el tema central de la siguiente reunión de la mesa internacional de donantes–; que debe implementarse gradualmente en la medida en que las condiciones de seguridad lo permitan, y debe convertirse en modelo para la realización de acciones similares en otros países andinos.

Bogotá/Bruselas, 13 de noviembre, 2003
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